La ceja presenta su factura al cobro

Las dos únicas posibilidades son o adaptarse a las nuevas circunstancias y explotar sus posibilidades, como hacen los músicos de otros países, o exigir al Gobierno que coarte la libertad de los ciudadanos que comparten afición a través de la red.

Por alguna razón misteriosa, muchos creen que la industria cultural debe estar mucho más protegida por el paraguas político de lo que lo están otros sectores productivos. Los artistas de la canción, que llevaban ya un tiempecito sin echarse un manifiesto al bolígrafo, acaban de firmar un documento en el que afirman que sus productos suponen una seña de identidad nacional que hay que preservar de internet, ese nido de libertarios que ni siquiera el gran Janli Cebrián ha podido amojonar.

Dicen que la industria musical está en crisis, gran novedad en los tiempos que corren, y en lugar de echar la culpa a la política económica de Zapatero, al que llevaron al poder a golpe de ceja, se la endosan a los adolescentes frikis que combaten los ataques de acné bajándose de las redes P2P el último éxito del momento.

En los últimos tiempos han descendido los ingresos de las discográficas, como lo han hecho en el sector del automóvil, de la panadería o de la fabricación de esparteñas, pero lo que no dicen los artistas es que, en cambio, han aumentado los beneficios directos de los grupos musicales gracias a la proliferación de actuaciones, debido en gran parte a la popularidad que obtienen sin ninguna inversión a través de internet.

Los tiempos han cambiado y las líneas de negocio que hace una década eran rentables ahora son deficitarias por la propia evolución de la tecnología y, por tanto, del mercado. Las dos únicas posibilidades para triunfar son adaptarse a las nuevas circunstancias y explotar sus posibilidades, como hacen los músicos de otros países, o exigir al Gobierno que coarte la libertad de los ciudadanos que, sin cometer ningún delito, comparten afición a través de la red.

Los cantantes, músicos y empresarios de la copla españoles han optado por lo segundo, que es más cómodo y bastante rápido. En última instancia, el coste de imponer una coacción institucional en internet lo asumiría el Gobierno y ellos serían los beneficiarios limpios de culpa. Sin embargo, la pasión por la libertad de los usuarios de internet les puede pasar una gravosa factura, y si no sólo tienen que preguntarse a sí mismos a qué festival puede acudir hoy en día su colega Ramoncín, pionero en el intento liberticida que ahora pretenden llevar a cabo todos estos "abajofirmantes". Es lo malo de la red: nada pasa desapercibido. Y mucho menos los nombres de los enemigos de la libertad.

Fuente: Libertad Digital

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